LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, ENTRE TRADICIÓN Y RENOVACIÓN

En 1898, el matrimonio Webb publicaba La democracia industrial, una de las obras fundacionales de ese área de conocimiento e investigación que, no mucho más tarde, habría de identificarse como industrial relations. Fue éste un estudio que, como habría de sentenciar casi medio siglo después Lord Beveridge, constituyó «un ejemplo de ciencia política y de sociología basado no en teorías, sino en la descripción y análisis de las instituciones». Reflexionando sobre las funciones del sindicato, Sydney y Beatrice Webb constataron que el denominado por ellos «método del convenio colectivo» había «suplantado, de uno u otro modo, al antiguo contrato individual entre patrón y trabajador», instalando en el baúl de la memoria esa «casi unánime» idea, que venía siendo defendida y aplicada con anterioridad por los empresarios, a tenor de la cual estos pagarán «a cada trabajador según su necesidad o mérito, y no tratarán con nadie más que con (sus) propios operarios».
Las palabras escritas por Sydney y Beatrice Webb han logrado conservar, más de cien años después, todo su vigor y rigor descriptivos. Al margen de las particularidades de los sistemas europeos de relaciones laborales, las cuales traducen con apreciable fidelidad la pluralidad de los factores que inciden en esos sistemas y la diversidad con que los mismos interactúan entre si en sentido tanto diacrónico como sincrónico; dando de lado todo ello, digo, la negociación colectiva sigue siendo el principal instrumento de regulación de condiciones de trabajo, habiendo logrado erigirse, adicionalmente y con el transcurso del tiempo, en la columna vertebral de esos sistemas, en el eje en el que converge y por el que transita la densa y compleja problemática que gobierna no solo ni tanto el mercado de trabajo sino, además y con mayor alcance, uno de los más arraigados y persistentes conflictos que atraviesa la formación social de nuestros días: el conflicto que enfrenta, de manera a veces latente y contenida y en otras abierta y liberada, a quienes son titulares de las organizaciones de producción de bienes o prestación de servicios y a quienes tienen como preferente o único patrimonio su fuerza de trabajo.