INTERPRETAR PARA LA JUSTICIA

La interpretación en la Administración de Justicia es un tema que ha atraído el interés de numerosos autores fuera de nuestras fronteras, notablemente del mundo de habla inglesa, contando la bibliografía sobre este tema con obras emblemáticas tales como las de González et ál. (1991), Morris (1995), Mikkelson (2000) o Hale (2004).
Sin embargo, en España, el interés por la interpretación en los servicios públicos en general y por la interpretación en entornos judiciales en concreto ha sido un fenómeno relativamente reciente, como resultado de la transformación de España en país de destino de crecientes contingentes de inmigrantes, amén de ser uno de los principales destinos turísticos del mundo. Dicho interés ha surgido más en el seno del mundo académico que en los despachos gubernamentales ya que las respuestas de la Administración ante las barreras comunicativas surgidas entre las personas que no hablan el castellano y los profesionales de los servicios públicos han sido inadecuadas o parciales en el mejor de los casos. El ámbito judicial es el único que ha conocido cierta regularización de la figura del intérprete, al igual que ha ocurrido en otros países que ya han recorrido el arduo camino de la profesionalización de la interpretación en los servicios públicos.
En España el derecho a intérprete por parte de una persona detenida que no entiende el idioma mayoritario está sobradamente garantizado por una amplia gama de instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, dichos instrumentos adolecen de una importante omisión: las especificaciones sobre el perfil de la persona que realiza la función de intérprete. En la actualidad, no existe ninguna normativa ni exigencia sobre la formación y acreditación de intérpretes, por lo que la interpretación en sede judicial es ejercida, básicamente, por cualquier persona que aduce saber los idiomas en liza. Es verdad que muchas de estas personas son excelentes profesionales, pero no es menos cierto que, en muchos casos, han llegado a serlo a base de un aprendizaje práctico en situaciones reales. Es igualmente cierto que existen muchísimos más intérpretes que prestan sus servicios en ámbitos judiciales y que no han adquirido ese aprendizaje todavía, ni han recibido la formación necesaria para desempeñar esta tarea de tanta importancia. Tampoco las condiciones laborales en vigor les incentivan a hacerlo. A pesar de ser una pieza clave en la garantía de la tutela judicial efectiva, parece haber poca reflexión por parte las autoridades judiciales sobre el complejo papel que los intérpretes están llamados a desempeñar.
Entre los autores que han sido pioneros a la hora de aportar bibliografía en español sobre este tema, el nombre de Juan Miguel Ortega Herráez es sin duda el que más resonancia ha adquirido. En numerosos artículos y capítulos de libros, publicados a lo largo de los últimos años, ha ido desgranando los distintos aspectos de la interpretación judicial en España. Ahora llega el presente volumen que consta de un compendio de sus investigaciones hasta el momento, en lo que viene a ser una adaptación de su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Granada en 2006.
Pocos autores cuentan con una trayectoria profesional tan idónea como el autor de esta obra para realizar la tarea que se ha propuesto: tomarle el pulso a la interpretación judicial en España. El autor ejerció de Traductor/Intérprete en plantilla del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante varios años, Traductor/Intérprete tanto free-lance como en plantilla del Ministerio del Interior, destinado en distintas Comisarías de la Policía y Comandancias de la Guardia Civil; es co-fundador de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), Licenciado y Doctor en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, con la primera tesis en español sobre la interpretación judicial en España. Asimismo, ha impartido docencia en Traducción e Interpretación Judicial en las Universidades Alfonso X el Sabio, Complutense-CES Felipe II y Autónoma de Madrid, y actualmente es Profesor de la Universidad de Alicante y miembro del Grupo de investigación GRETI de la Junta de Andalucía. Esta trayectoria le permite al autor abordar este tema desde varias perspectivas: su experiencia profesional le aporta un conocimiento profundo del día a día de la interpretación en ámbitos judiciales, mientras que su experiencia académica le proporciona las herramientas para analizarla de una manera científica. El análisis del objeto de estudio por parte del investigador está firmemente anclado en la práctica profesional del intérprete judicial.
Conozco de fondo el trabajo de Juan Miguel Ortega, incluida su tesis doctoral (que tuve el privilegio de dirigir) y, al abrir estas páginas, supuse que su contenido me iba a resultar más que familiar. Y sin embargo, una vez más, su lectura me ha enriquecido con una mirada nueva, datos actualizados y un formato adaptado a la difusión editorial. Se trata de un trabajo amplio y riguroso, que nos proporciona un análisis detallado del estado de la cuestión de la interpretación judicial en España al tiempo que divulga los resultados de una investigación práctica de gran interés. Tiene la virtud de poder leerse como una obra completa, ya que cada capítulo tiene una vinculación con el anterior y el siguiente, o de forma parcial, de acuerdo con los intereses del lector, ya que cada capítulo es en sí una unidad independiente.
Este volumen será sin duda de interés para varios públicos: la Administración, que encontrará en estas páginas un informe diagnóstico riguroso sobre la situación actual de la interpretación en nuestras instituciones judiciales, imprescindible para acometer cualquier reforma; los operadores judiciales, para quienes una mayor familiaridad con la labor y el papel del intérprete revelará la mutua dependencia entre ambos profesionales y las razones por las que resulta imprescindible promover la profesio¬nalidad de la figura del intérprete para así, entre todos, contribuir a garantizar la tutela judicial efectiva; los investigadores en traducción/interpretación, que encontrarán un tesoro de datos conjuntamente con ejemplos prácticos, y el empleo de una metodología rigurosa aplicada a una cuestión de indudable interés social; los intérpretes judiciales que se interesan por ampliar conocimientos sobre su profesión y reflexionar sobre su papel profesional; y, finalmente, cualquier persona que desea ampliar sus conocimientos sobre un tema que al fin y al cabo, nos afecta a todos.
El punto de arranque de este libro es una contextualización de la interpretación judicial como subgénero de la interpretación en los servicios públicos, lo cual la sitúa en un marco más amplio del ejercicio profesional de la traducción e interpretación (capítulo 1). Continúa con un detallado repaso de la normativa tanto internacional como nacional que garantiza el derecho a disponer de intérprete durante los procesos judiciales en España (capítulo 2). Situada ya la interpretación judicial en su contexto más amplio, y fundamentada su naturaleza preceptiva en España, el autor pasa a centrarse con mayor detalle en el ejercicio de la profesión en sí, al detallar las competencias requeridas y los mecanismos de acceso a la misma en distintos países donde esta actividad ya se ha profesionalizado (capítulo 3). Estas consideraciones posteriormente se comparan con el acceso a la profesión en el ámbito nacional. Este repaso de la situación en España sirve de enlace con el siguiente capítulo (capítulo 4) en el que se entra de lleno en un aspecto fundamental para poder efectuar cualquier cambio en la situación actual: un análisis de los distintos modelos de provisión de servicios de interpretación judicial existentes en España en la actualidad. Distintos modelos, en plural, ya que las competencias en materia judicial están, en algunos casos, en manos del Ministerio de Justicia y, en otras, en manos de los gobiernos autonómicos, con distintas disposiciones para la provisión del servicio en cada caso, y con modificaciones constantes, lo cual implica que se trata de un tema de no poca complejidad. En estas páginas encontramos un análisis contrastivo de los diferentes modelos, actualizado al máximo, y que facilita una visión global de la situación. Este capítulo termina con un apartado sobre un acontecimiento de sumo interés y que ha supuesto sin duda un punto de inflexión en cuanto a la interpretación judicial en España: la organización de los servicios de interpretación durante el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004.
Posteriormente (capítulo 5), el libro aborda un tema de gran controversia: el papel del intérprete en los procedimientos judiciales, tal y como lo disponen los códigos deontológicos existentes, tal y como lo perciben los distintos estudios e investigaciones que se han realizado sobre este tema, y tal y como lo entienden los distintos actores implicados.
Todo lo anterior nos sirve de trasfondo y justifica la pertinencia del estudio cuyos resultados se divulgan a continuación, y que compone la parte final de este volumen (capítulo 6). Se trata de una investigación sobre la autopercepción del papel del intérprete en España realizado mediante cuestionarios a una amplia muestra de intérpretes que ejercen en las instancias judiciales de este país. Las respuestas, algunas de las cuales son muy reveladoras, nos introducen en el corazón del trabajo diario del intérprete judicial. Este capítulo será sin duda de gran interés para los investigadores en esta materia, puesto que se describe con detalle la metodología seguida en la realización del estudio presentado.
Por tanto, se trata de una obra muy completa que reúne datos, información y análisis, descritos con gran precisión y riqueza de detalle, todo sumamente actualizado al minuto. Cabe señalar que el autor no se limita a ofrecernos los hechos y los datos, sino que los acompaña con las valoraciones de alguien que no se conforma con ver los toros desde la barrera, sino que baja al ruedo para, de forma fundamentada y constructiva, criticar, defender y proponer. El telón de fondo de todo ello es, sin duda, el estrecho compromiso de Juan Miguel Ortega con la profesionalización de la interpretación judicial en España, como medio para garantizar el acceso a la justicia y acabar con la indefensión de aquellos que no hablan español así como para optimizar el uso de recursos públicos.
Esta obra viene a llenar una brecha en la bibliografía sobre estudios de traducción e interpretación y está indudablemente destinada a convertirse en una obra de referencia esencial.