DIÁSPORAS Y CODESARROLLO DESDE ESPAÑA

Los estudiosos de políticas de migraciones y, en particular, de las propuestas de ayuda y cooperación al desarrollo, así como de las de codesarrollo, vinculadas a esas políticas como parte esencial de las mismas, conocen bien el trabajo de Joan Lacomba. Sus libros y artículos sobre inmigración e Islam (por ejemplo, El Islam inmigrado, o Sociedad y política en el Magreb: emergencia de los movimientos islamistas), al igual que los que ha consagrado a las «debilidades y fortalezas» de la noción de codesarrollo, son obras de referencia que han recibido numerosos y muy merecidos reconocimientos.
En el volumen que sigue, el lector encontrará los más interesantes resultados conseguidos por un equipo de investigación que, dirigido por el profesor Lacomba, ha trabajado a lo largo de tres años en torno la implicación de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen, una cuestión central para el estudio de las políticas migratorias, pero también a la hora del diseño efectivo de las mismas, como subrayó hace años entre otros Sami Naïr.
Sin duda, en el éxito de este proyecto ha sido determinante el acierto en la metodología, en la división interna del trabajo entre los miembros del grupo. Como se puede comprobar, en efecto, este estudio abarca ocho países diferentes de América Latina, Europa del Este, África subsahariana y el Magreb, muy representativos de la inmigración presente en Europa, en España, y que muestran las diferentes lógicas de desarrollo según las especificidades de las asociaciones y su relación con sus propios países de origen.
Me gustaría destacar en particular el hecho de que los autores del trabajo tengan la cortesía de explicar sus presupuestos conceptuales y metodológicos sobre la relación entre codesarrollo y migraciones (que en buena medida es una evolución del evidente vínculo entre migraciones, remesas y desarrollo), habida cuenta del uso perverso que se ha hecho de aquél. De un lado, para justificar iniciativas que persiguen reforzar la función como subordinados policiales de los países que generan migraciones (o por los que transitan inmigrantes que tratan de llegar a Europa). De otro, la perversión que consiste en que los países donantes utilicen sus iniciativas como instrumento de penetración de los intereses del tejido empresarial propio, sin dar la prioridad a las necesidades, intereses e iniciativas de los ciudadanos concernidos. Es de agradecer sobre todola presentacióndel marco teórico y metodológico del papel de las «organizaciones transnacionales de inmigrantes», que conduce al estudio de las asociaciones de inmigrantes como protagonistas, agentes decisivos y legítimos de esa vinculación entre migraciones y desarrollo. Las aportaciones de los investigadores Sorensen, Lacomba, Cloquell, Benlloch, Tóvar y Villacres en los tres primeros capítulos, resultan muy esclarecedoras y nos permiten situarnos en condiciones para poder evaluar mejor los análisis concretos de las cuatro regiones geográficas que nos presentan los investigadores Sanz, Moncusí, Alessandra y Royo.
Asimismo, me ha parecido de gran utilidad el esfuerzo sintético y conclusivo de Fernando Falomir y el propio Lacomba,con tal de presentar en los dos últimos capítulos del libro un elenco de buenas prácticas y de recomendaciones, dirigidos tanto a los propios actores (las asociaciones) como a los poderes públicos competentes en esta materia.
Sin duda, como propone Falomir, aunque aún es prematuro poder concluir del examen realizado indicadores de sostenibilidad de estos instrumentos de codesarrollo y de su impacto en el desarrollo, sí es posible hablar de «buenas prácticas», siempre y cuando se tengan en cuenta algunos indicadores de evaluación: así, es preciso que exista realmente el vínculo transnacional entre inmigrantes y sociedad civil de sus países de origen; es necesario un liderazgo compartido en el diseño, ejecución y accountability de las iniciativas. Desde ahí, se puede evaluar el «impacto de esas iniciativas en origen y destino», siempre con la vista puesta en lo que se acepta calificar como «enfoques de derechos, de capacidades y de proceso».
Sugiero al lector que se detenga en las páginas del capítulo X en las que Joan Lacomba ofrece, como decía, un balance de resultados que permite ante todo constatar las especificidades de los diferentes tipos de asociaciones en atención al área geográfica, pero también sugiere ocho recomendaciones que me parecen del mayor interés, sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas que pueden desarrollar los niveles local y autonómico de las administraciones de nuestro país.
Ojalá que nuestros responsables políticos sepan leerlas con atención, por el bien de todos.